Entre abril de 2020 y marzo de 2021, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia registró 14.583 reportes de casos asociados a la cibercriminalidad. Esto corresponde a un 465% de aumento de casos con respecto al año anterior.
Para alertar a la sociedad acerca de la necesidad de exigir la protección de datos personales y de apoyo a los usuarios que denuncian vulnerabilidades en los sistemas digitales del Estado se creó el proyecto #DatosEnFuga. Una iniciativa de las organizaciones Democracia en Red, Fundación Vía Libre y el Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.).
“El proyecto busca promover y establecer una política pública de protección de los activos digitales en poder del estado y generar un entorno que ofrezca cobertura legal y técnica a los que realizan las denuncias sobre las vulnerabilidades informáticas”, aseguró Agustín Frizzera, Director de Democracia en Red.
Existen 3 motivos fundamentales para comenzar a abordar este tema:Las filtraciones que sufrieron diversas reparticiones del Estado en el último tiempo hace suponer que sus sistemas son vulnerables.
La ciudadanía está cada vez más demandada de datos y a la vez se encuentra más expuesta al mal uso de esta información.
Se persigue penalmente a activistas de la comunidad de seguridad informática que reportan errores y espacios vulnerables en los sistemas del Estado.
La fuga de datos genera preocupación tanto en empresas como en individuos
“Muchas empresas y organismos públicos no cumplen con los mínimos estándares globales de seguridad informática. La seguridad informática es un derecho que tenemos que exigirles a todas las personas que tengan bajo su cuidado una base de datos, ya sea del ámbito público o privado”, destacó Tomás Pomar, presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino.
Las propuestas integrales de este proyecto buscan elevar los estándares de seguridad informática existentes en el sector público. Se trata de una iniciativa multisectorial que involucra al ámbito judicial, a especialistas en informática y a la sociedad en general, dadas las implicancias personales.
“Nadie toma real relevancia de lo que conlleva que nos roben los datos, que usurpen nuestra identidad, cuando se habla de seguridad siempre se piensa en la seguridad física y este otro aspecto parece perder importancia”, aseguró María Trevisani, responsable del proyecto.
“Por otro lado, si una persona reporta una irregularidad informática automáticamente se convierte en sospechoso de un delito. Al que denuncia le va mal y todo esto atenta contra la solución del problema. La protección de datos personales es una parte esencial en el ejercicio de la privacidad, intimidad y a la autodeterminación informativa”, señaló Agustín Frizzera, Director de Democracia en Red.
El proyecto #DatosEnFuga, coordinado por las organizaciones Democracia en Red, Fundación Vía Libre y el Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.)y financiado por INDELA; busca acercar soluciones para que los diferentes sectores del Estado resguarden la información y los derechos fundamentales de los ciudadanos en torno a este tema.
